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Justicia levantó prohibición de ingreso a Clínica Las Condes a oncólogo acusado de abuso sexual

El profesional permanece con su agenda de atención abierta en modalidad de telemedicina.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago levantó la prohibición de hacer ingreso a la Clínica Las Condes (CLC) al oncólogo Manuel Álvarez, quien está acusado de abuso sexual reiterado en contra de dos pacientes.

De esta forma, el profesional que permanece con su agenda de atención abierta en modalidad de telemedicina, podrá ingresar al establecimiento de salud sin que la ley se lo impida.

La medida que decretaba la prohibición de ingreso del oncólogo Manuel Álvarez a la clínica del sector oriente fue revocada en el marco de la audiencia de preparación del juicio oral en contra del profesional que fue desvinculado en 2017 por este caso.

Tanto la parte querellante como la fiscalía pidieron prohibir su ingreso a la CLC porque regresó cuando una de las víctimas aún se atendía allí, internada en ese entonces por un cuadro de COVID-19.

“El único argumento que dio la defensa para revocar la medida cautelar, es que nuestra representada ya fue dada de alta del COVID-19, lo que nos parece un antecedente insuficiente, atendido que tiene un cáncer terminal grado 4 y en cualquier momento puede recaer, requiriendo ser atendida en la clínica por su deteriorado estado de salud”, lamentó la abogada querellante Susana Borzutzky.

Esta decisión del tribunal deja a la víctima nuevamente indefensa, con la posibilidad real de volver a encontrarse con él. Sin perjuicio, además, del peligro que Álvarez representa para la sociedad y para otras eventuales víctimas, habiendo una acusación que pesa en su contra”, agregó, por lo que pedirá restituir la medida ante la Corte de Apelaciones de Santiago.

A pesar de ello, el oncólogo de Clínica Las Condes deberá seguir cumpliendo las medidas cautelares ya dictadas que dicen relación a la prohibición de acercarse a la víctima y arraigo nacional mientras dure la investigación de presunto abuso sexual reiterado, delitos por el que la fiscalía pidió 16 años de cárcel.

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