Decenas de mujeres presentaron una demanda en contra de la Universidad Yale en Estados Unidos en 2021, luego de que se descubriera que una enfermera manipulara dosis de fentanilo que se ocupaban en distintos procedimientos y las cambió por solución salina.
Todo ocurrió en la Clínica de Infertilidad y Endocrinología Reproductiva de dicha casa de estudios, a la que acudían mujeres que querían someterse al proceso de una fecundación in vitro.
Al momento de someterse a la extracción de óvulos, las pacientes se quejaron de un insoportable dolor, lo que llamó la atención de los médicos, tomando en cuenta que se les proporcionaba la anestesia que les impediría pasar por esa situación.
Esto se debía a que la enfermera Donna Monticone, había cambiado las dosis de fentanilo por solución salina. El caso quedó al descubierto, luego de que una anestesista se diera cuenta de que una cubierta de aluminio en las dosis de fentanilo estaba suelta.
Una vez conocido el caso, siete pacientes afectadas presentaron una demanda en contra de la Universidad de Yale y, a raíz de eso, la funcionaria se declaró culpable de haber irrumpido en las instalaciones para llevarse el fármaco entre junio y octubre de 2020, afectando a cientos de mujeres.
Ahí explicó que su adicción había surgido a raíz de un complicado divorcio que atravesaba en ese entonces.
La Fiscalía, incluso, aseguró que toda esta situación habría afectado a más de 200 pacientes en la clínica.
La sentencia
La enfermera de la clínica de la Universidad de Yale en Estados Unidos fue sentenciada a solo ocho días de cárcel por el robo de fentanilo. A eso se sumaron tres meses de arresto domiciliario y tres años de libertad vigilada, por no contar con antecedentes previos.
“Mi arrepentimiento y mi vergüenza son profundos. Todos los días desearía poder retroceder el tiempo“, declaró en ese entonces. Renunció, también, a su licencia de enfermería y asistió a rehabilitación para tratar su adicción.
A raíz de este hecho, la Universidad de Yale declaró que estaba “cambiando los procedimientos, el mantenimiento de registros y el almacenamiento (de medicamentos)”, con el fin de evitar que se repita este episodio.
En octubre de 2022, también llegaron a un acuerdo con el gobierno federal para pagar poco más de US$300.000 a las pacientes afectadas por haber violado la Ley de Sustancias Controladas.
