La bancada de diputados UDI, a través de su presidente Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, pidió la salida de varias autoridades de Gobierno tras conocerse el informe de Contraloría respecto al caso Convenios.
Esto, luego de la comparecencia del contralor Jorge Bermúdez ante la comisión investigadora, donde indicó que las irregularidades en la entrega de recursos a fundaciones por parte de gobiernos regionales y el Ministerio de Vivienda se replicaron en 15 regiones.
Ante esto, los diputados UDI instaron al presidente Gabriel Boric a pedir la renuncia inmediata del ministro de Vivienda, Carlos Montes, del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y todos los seremis del Minvu.
Los parlamentarios aseguraron que ante “uno de los casos de corrupción más graves en la historia del país, el presidente Boric sigue sin ejercer todas las responsabilidades que corresponden”.
“Llegó el minuto de que el presidente Boric cumpla su palabra y deje de eludir las responsabilidades que tiene su administración de gobierno en este grave caso de corrupción que se ha instalado en nuestro país. El contralor Jorge Bermúdez fue absolutamente claro en señalar que el mismo mecanismo que utilizó la Fundación Democracia Viva en Antofagasta, y que está estrechamente vinculada con uno de los principales partidos de su coalición, se repite en prácticamente todas las seremis de Vivienda, sin ninguna distinción y a vista y paciencia de las actuales autoridades”, puntualizaron Coloma y Ramírez.
La Moneda responde a informe de Contraloría
Desde La Moneda salieron al paso del informe entregado por Contraloría respecto al caso Convenios, asegurando que este mecanismo en la entrega de recursos estaba instaurado desde la segunda administración de Sebastián Piñera y responde a una “debilidad institucional”.
“Esto no tiene que ver cómo lo han interpretado como un modus operandi sino como una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi”, explicó la vocera Camila Vallejo.
La vocera de Gobierno recalcó que “esto tiene que ver con una debilidad institucional cuyo diseño se originó en el gobierno anterior, que da cuenta de una brecha institucional que permite que quienes tengan intenciones de otro tipo pueda defraudar al fisco y eso constata el informe”.
