El Consejo Constitucional aprobó una de las propuestas más controvertidas de Republicanos; la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda.
“El inmueble destinado a la vivienda principal del propietario y de su familia estará exento de toda contribución e impuesto territorial. La ley determinará la forma de hacer efectivo este derecho”, consigna la enmienda aprobada por 30 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones.
Y es que los promotores de la medida, liderados por Antonio Barchiesi – hermano de la diputada Chiara Barchiesi – apuntaron que este era un beneficio que iba en apoyo de la clase media.
Sin embargo, sus detractores se apoyan en lo señalado por el Servicio de Impuestos Internos (SII), que en abril del año pasado finalizó el proceso de reavalúo de los bienes raíces no agrícolas, dejando exento del pago del impuesto territorial al 77,7% de las propiedades habitacionales, esto es, 4.231.966 viviendas.
Es decir, los mayores beneficiados serán las personas de mayores ingresos, dejando el claro el carácter regresivo de la norma, apuntaron quienes la rechazan.
Solo el 12,3% de las viviendas pagan contribuciones
En esta línea, con datos del SII y la Tesorería General de la República, solo el 12,3% de las viviendas paga contribuciones, recaudando $1,1 billones para el Fisco en el primer semestre del año 2023.
Un tercio de esta cifra fue aportada por las municipalidades de mayores ingresos: Las Condes, Lo Barnechea, Santiago, Vitacura y Providencia.
De este segmento, 574.846 contribuyentes tienen una sola vivienda, mientras que 623.135 personas naturales tienen más de dos propiedades. Este último grupo reúne 586.086 propiedades afectas al pago del impuesto territorial.
En caso que la Constitución generada en el Consejo sea aprobada y la exención del pago de este impuesto a la primera vivienda se haga realidad, el SII detalló que 153.031 viviendas (seleccionando la de mayor valor) se verían beneficiadas con la norma, esto es el 2,7% del total de propiedades con destino habitacional.
La postura de la Asociación Chilena de Municipalidades
Por su parte, desde la Asociación Chilena de Municipalidades cuestionaron la propuesta emanada del organismo constituyente, ya que en una declaración pública emitida a principios de septiembre, precisaron que “el impuesto territorial no sólo es un aporte al desarrollo de las comunas y al bienestar de sus habitantes, sino que es una piedra angular del financiamiento del sistema municipal”
Esto, ya que el 40% de la recaudación va a la municipalidad donde se pagó la contribución y el 60& al Fondo Común Municipal (FMC), a excepción de las comunas de Las Condes, Santiago, Providencia y Vitacura, que aportan un 65% al FCM, y reciben el 35% de su recaudación.
“Es por todo lo anterior que solicitamos al pleno el rechazo de esta norma, pues su aplicación implicaría un grave retroceso y causaría un daño irrecuperable para las finanzas municipales, la solidaridad interterritorial y la descentralización, materias en las que llevamos años de trabajo y avances, y además en la práctica afectaría directamente la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, reclamaron.
