Durante las últimas horas de este domingo, la Subsecretaría de Vivienda explicó las razones de la salida de dos funcionarios desde el Serviu de Antofagasta. Estas personas dejaron sus funciones a pesar de que fueron las que destaparon y dieron aviso de las posibles irregularidades que detectaron por el polémico convenio de 426 millones entre la repartición del Ministerio de Vivienda y la fundación Democracia Viva.
De hecho, durante la semana, los trabajadores que se mantienen en la oficina gubernamental desarrollaron movilizaciones en señal de apoyo a estos funcionarios.
“La decisión de no mantener la continuidad de dos personas en el Serviu Antofagasta, hecho denunciado en los medios de comunicación, obedeció única y exclusivamente a la necesidad de acatar las instrucciones de la Contraloría General de la República”, explicó la Subsecretaría que ahora conduce Gabriela Elgueta tras la salida de Tatiana Rojas.
El órgano contralor, según esta versión del Gobierno, “prohibió que las labores de estos servicios sean desarrolladas por personas distintas a sus funcionarios de planta, contrata u honorarios”.
No es desvinculación dice Vivienda
“Mal podría hablarse de desvinculación, ya que nunca existió un vínculo contractual entre dichas personas y la Seremi, Minvu, o el Serviu. Lo que sí existió del nivel regional fue la voluntad de regularizar la contratación de esas profesionales y, por lo mismo, desde agosto ellas siguieron prestando servicios a solicitud de la dirección de Serviu, mientras se gestionaban sus contratos… Se está buscando la fórmula jurídica y administrativa para resolver el pago de remuneraciones, lo que se verá individualmente con esas dos personas”, explicaron desde la Subsecretaría de Vivienda.
“Una vez conocido los hechos irregulares en Antofagasta, la Subsecretaría de Vivienda diseñó una Agenda de Modernización, Transparencia y Probidad, que implica la ejecución de 19 medidas que buscan mejorar la gestión”, cerraron.
