La Asociación de AFP mostró su decepción por la decisión del Congreso Nacional de despachar a ley la reforma de pensiones, cuestionando que se abra el sistema a estamentos públicos como el Instituto de Previsión Social o que se destine parte del 8,5% adicional a solidaridad.
En una declaración pública, el organismo recalcó que “seguiremos trabajando con la mayor dedicación y profesionalismo para entregar el mejor servicio a los afiliados, continuar resguardando y haciendo crecer los ahorros de los trabajadores, e implementar cambios en tiempo y forma con la eficiencia que nos caracteriza”.
En esta línea, valoraron que la nueva reforma previsional “busque aumentar el ahorro en las cuentas de capitalización individual de los afiliados, recogiendo atributos altamente valorados por la ciudadanía como la propiedad y heredabilidad de los fondos de pensiones, y la libertad de elegir quien administra sus ahorros”.
Si embargo, desde la Asociación de AFP dejaron ver su rechazo a una serie de indicaciones que trae consigo, como por ejemplo “incorporar al sistema de pensiones 1% -y más- de reparto para financiar beneficios definidos; destinar 1,5% de la remuneración a un préstamo obligatorio; abrir el ingreso del Estado a la administración de los ahorros previsionales, junto con la participación del IPS como un actor en la administración con el potencial riesgo de una competencia desleal y trato injusto respecto de los actuales participantes; introducir un mecanismo de licitación enfocado en comisiones sin conocer la voluntad expresa de los afiliados, ni establecer incentivos efectivos que estimulen la búsqueda de mayor rentabilidad; y relajar los niveles de respaldo requerido a los administradores, son todas medidas que debilitarán las pensiones de los trabajadores de hoy y del futuro”.
“Reiteramos que la solidaridad, si bien es deseable y necesaria, debiera hacerse con impuestos generales, o bien con un endeudamiento estatal transparente y en los mercados financieros. La solidaridad no debe financiarse con la remuneración de los trabajadores ni con la incorporación de reparto, ya que se termina perjudicando las pensiones de aquellos que, con mucho esfuerzo, cotizan y trabajan formalmente”, argumentaron.
Junto con ello, cuestionaron que la discusión no considerara el aumento de la edad de jubilación, aseverando que “por su naturaleza, la institucionalidad previsional opera en el largo plazo, por esto, los errores que se pueden cometer difícilmente son evidentes de manera inmediata, pero el costo lo pagarán generaciones completas de pensionados y, una vez producidos sus efectos, enmendarlos toma también largos períodos de tiempo”.
“Aún faltan que se dicten numerosas normas administrativas para la implementación de la reforma recién aprobada, las que también pueden ser trascendentales para el futuro de las pensiones y del país, por lo que esperamos que el sistema político y las autoridades técnicas responsables de emitirlas, trabajen con el rigor técnico que se requiere”, sentenciaron.
