El Gobierno confirmó este martes 27 de febrero que presentó una querella por el secuestro del general (r) venezolano Ronald Ojeda, el cual se concretó hace una semana en su departamento ubicado en la comuna de Independencia.
Lo que se conoce hasta ahora es que fueron cuatro sujetos, vestidos de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes se lo llevaron y, hasta la fecha, se desconoce su paradero y la identidad de los responsables.
Ante esta situación, fue el Ministerio del Interior el que llevó adelante la acción judicial contra todos los que resulten responsables de los delitos de secuestro y porte ilegal de armas, ya que, según argumentaron, genera un “inevitable temor en la población”.
En la querella, el Gobierno precisó que “cuando el o los hechos que revistan caracteres de delito, considerados en su conjunto con otros similares y próximos en el tiempo, hubieren afectado la seguridad pública, generando en toda la población o en un sector de ella el temor de ser víctima de delitos de la misma especie“.
“Esto, en atención a que, como será argumentado a continuación, con ocasión de la comisión del delito de secuestro se ve evidentemente alterada, y de forma grave, la seguridad pública, generando un inevitable temor en la población de ser víctima de ese tipo de delitos”, agregaron.
Además, solicitan que la investigación la lleve a cabo la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI con el propósito de que se enumeren a los posibles testigos, se solicite la entrega de registros audiovisuales, además de que concretar diligencias para lograr esclarecer los hechos.
Junto con ello, según indicaron en la querella, el Gobierno busca esclarecer si el secuestro de Ronald Ojeda también está vinculado a otros hechos de la misma índole como, por ejemplo, homicidios, tráfico de migrantes, de personas o amenazas.
