El fiscal nacional Ángel Valencia convocó a una reunión de emergencia con los fiscales regionales, la que se realizó este jueves 3 de agosto, producto del avance de las investigaciones y las nuevas denuncias en torno al Caso Convenios que destapó el polémico acuerdo del seremi de Vivienda de Antofagasta con la fundación Democracia Viva por $426 millones, dineros que aún no han sido reintegrados al Minvu.
La cita, que también encabezó el director de la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, se desarrolló en medio de los peritajes que realiza el Ministerio Público a entidades del Estado y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que habrían infraccionado la ley y podrían ser incluidas en causas por fraude al fisco y corrupción, como confirmó el contralor Jorge Bermúdez hace unos días en su visita al Congreso Nacional.
“Son instancias de cooperación, de apoyo, también de acción y de coordinación de cada una de las diligencias que están realizando los equipos”, dijo Eugenio Campos respecto a esta mesa de trabajo que fue programada para delinear lo que viene para las distintas investigaciones que están en las carpetas de una decena de fiscalías a nivel nacional y que están siendo apoyadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio Electoral (Servel) y ChileCompra.
u0022Son diez fiscalías regionales, abarcando asuntos que corresponden a 11 regiones, con 32 fundaciones involucradas en las investigaciones por eventuales delitos tributarios, malversación de fondos o fraude al fisco”, confirmó el fiscal nacional, Ángel Valencia.
“En la mayoría de los convenios hubo contratos que no tenían muchos requisitos o no exigían garantías. Hay un conjunto de circunstancias que son comunes en las distintas causas y para asegurar el éxito de la investigación, es que cada una de las fiscalías llevará la investigación de su territorio“, agregó Valencia antes de insistir en que los ministros Giorgio Jackson y Carlos Montes podrían ser citados a declarar como cualquier otro ciudadano.
Las regiones y el mecanismo para recibir fondos
De acuerdo a la fiscalía nacional la suma que podría haber sido defraudada o está en la mira de los encargados de la investigación supera los 14 mil millones de pesos y correspondería a un método de operar que se ha concretado desde 2019 mediante contratos que no establecieron un conjunto de garantías o requisitos.
“Hay un desajuste entre los objetivos de estas instituciones y la experiencia de quiénes forman parte de sus equipos“, expresó Ángel Valencia respecto a esta forma para recibir dinero desde las secretarías regionales ministeriales y los gobiernos regionales.
De hecho, son cuatro los puntos que repiten estas fundaciones que están bajo la mira de las autoridades y que tendrán investigaciones independientes, sin un fiscal exclusivo como había trascendido.
Uno de ellos es la apertura de estas organizaciones en una fecha cercana al depósito de dinero, lo que hace inferir que la negociación estaba realizada antes de su creación.
Otro aspecto que se repite es que ninguna entidad del Estado hizo seguimiento de los proyectos.
Un tercero denominador común es la mencionada ausencia de boletas de garantías y el último es el tinte político de los convenios, al ser los involucrados militantes de alguna colectividad.
Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes son las regiones que tienen abiertas investigaciones por este tipo de pactos que podrían estar sujetos a las irregularidades antes mencionadas.
