La reforma enfrenta problemas de viabilidad. Estamos en marzo y en noviembre habrá elecciones presidenciales y parlamentarias. La agenda del Congreso estará dominada por proyectos de seguridad, economía y el Fondo de Educación Superior (FES), que reemplazará el CAE. En ese contexto, ¿realmente alguien cree que una reforma política será la prioridad?
En marzo quedarán poco más de ocho meses para las elecciones. Cambiar las reglas ahora no es un acto de justicia electoral, sino de oportunismo político.
La reconstrucción no puede depender de promesas vacías ni de medidas improvisadas. Chile sabe cómo levantarse tras las tragedias, pero en este caso, el desafío no es solo técnico. Es político, social y humano. A un año del desastre es el momento de demostrar que el Estado puede actuar con eficiencia, compromiso y humanidad, respondiendo a quienes más lo necesitan.
La propuesta de establecer un umbral mínimo de un 5% de votos válidos a nivel nacional para que los partidos accedan a la Cámara de Diputados, surge como una herramienta que podría ayudar a ordenar el sistema político. Sin embargo, también plantea riesgos que deben evaluarse con cuidado, particularmente en términos de representación territorial y cómo podría acentuar el centralismo en Chile.
Los problemas que intenta resolver —fragmentación, desconfianza y falta de estabilidad— son los mismos que dificultan su aprobación. Mientras tanto, la ciudadanía sigue viendo a los partidos políticos como parte del problema y no de la solución.
El lunes, tras los festejos, comenzará la verdadera prueba: traducir la legitimidad del voto en un liderazgo efectivo. El gobernador deberá priorizar proyectos estratégicos, construir alianzas con actores locales y nacionales, y demostrar que Valparaíso está listo para liderar el camino hacia una descentralización efectiva.